En semanas recientes ha estado en boga el involucramiento de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en el tráfico de drogas, luego de que el gobierno de Estados Unidos apresara a Genaro García Luna. El funcionario mexicano fue acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa.
En días recientes, la embajadora estadounidense en México durante aquel periodo, Roberta Jacobson, negó que su gobierno supiera de lo que hacía el gobierno mexicano. La diplomática aseguró que había «rumores no confirmados» de que el gobierno de Felipe Calderón protegía al cártel de Sinaloa; también dijo que su gobierno tenía que trabajar con los funcionarios mexicanos a pesar de los rumores.
Lo que no dijo la funcionaria estadounidense es que su gobierno promueve y saca provecho del tráfico de drogas; no mencionó nada referente a los acuerdos revelados por narcotraficantes como Vicente Zambada Niebla. En tales acuerdos se especifica cuántas toneladas de droga pueden traficar los miembros del cártel de Sinaloa con el permiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Criminales revelan la protección de la DEA
A finales del año pasado, la periodista Anabel Hernández publicó el libro, «El traidor», donde detalla cómo los gobiernos de México y de Estados Unidos brindan protección al cártel de Sinaloa. En la publicación, la escritora hizo trizas la supuesta «guerra contra las drogas» de la DEA estadounidense y del gobierno mexicano. Además, describió cómo la militarización del país es usada para limpiar regiones enteras a favor de un grupo criminal.
La periodista recogió testimonios de reuniones entre agentes de la DEA y enviados de dos de los líderes criminales más buscados por la propia DEA, el «Mayo» Zambada y el «Chapo» Guzmán. Las reuniones nunca fueron para exigir a los criminales que se entregaran para pagar por sus crímentes. Por el contrario, en las reuniones se pactó la cantidad de drogas que iban a traficar hacia Estados Unidos; asimismo, la DEA y el grupo criminal acordaron a quiénes encerrar tras las rejas, generalmente a criminales enemigos.
En los testimonios que recogió Anabel Hernández quedó claro cómo la DEA y el ejército mexicano dieron el «pitazo» al «Mayo» y al «Chapo», los dos principales líderes del cártel de Sinaloa, cuando había operativos de otras agencias para capturarlos. Incluso, Vicente Zambada Niebla, hijo del «Mayo» Zambada, se había reunido con agentes de la DEA horas antes de su detención. Ante la inesperada captura del narcotraficante en marzo del 2009, la DEA aceleró la extradición de su socio a Estados Unidos; ahora, es probable que el «Vicentillo» esté libre gracias a su «colaboración» como testigo en el juicio del otro socio de la DEA, el «Chapo» Guzmán.
Cabe mencionar que otro de los «más buscados» por la DEA, Rafael Caro Quintero, estuvo asociado anteriormente a intereses de Estados Unidos. En la década de los ochentas, el cártel de Guadalajara financió las operaciones de la «contra» nicaragüense para derrocar al gobierno del FSLN; A cambio del apoyo de la organización de Rafael Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo, el gobierno estadounidense permitió el tráfico de toneladas de droga.
Cabría preguntarse cuál es el objetivo real del gobierno estadounidense al desplegar la «guerra contra las drogas» en México y en Latinoamérica. A través del Plan Mérida, EE UU entregó cientos de millones de dólares en equipo militar al gobierno de México. Con esos recursos se ha fortalecido la militarización del país; además, el gobierno mexicano desarrolla trabajo de contención de migrantes centroamericanos a través del ejército y funciona como «tercer país seguro» para Estados Unidos.
