El Valle de San Quintín vive una nueva situación especial, en la que se pone poca atención: la militarización del Valle. En los últimos días, dominados por la propagación del Covid-19, San Quintín se transforma de manera sigilosa e invasiva.
Probablemente habrás escuchado que el actual gobierno de Baja California lo declaró sexto municipio, sin saber en realidad que este poblado sigue dependiendo de Ensenada, un verdadero lío.
En días recientes el ejército federal, la Guardia Nacional y la policía municipal recorren el Valle y aconsejan a los ciudadanos, en su mayoría trabajadores, a permanecer en sus viviendas para evitar el contagio de Covid-19.
Las autoridades militares incluso hacen un enérgico llamado para no salir de casa entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. El Gobierno Federal y el Gobierno estatal de Jaime Bonilla en los hechos y a través del Ejército y la Guardia Nacional han impuesto el toque de queda.
Esta nueva situación ocurre en el Ejido Nuevo Baja California y las colonias Ricardo Flores Magón y Lázaro Cárdenas, entre otras geografías del Valle de San Quintín. Además, tanto la Guardia Nacional como el 67 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resguardan la entrega de apoyos de la Secretaría del Bienestar entre la población del Valle que reside en Camalú, La Candelaria, Lucio Cabañas, Costa Mar, entre otros sitios. El Gobierno del Estado no es ajeno a ello.
Jaime Bonilla y su actuar en la crisis del Covid-19
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció el lunes 30 de marzo que prohibía a la población deambular en la vía pública sin motivo alguno. Y afirmó que nadie debía sorprenderse si miembros de la Guardia Nacional o el ejército se acercaban a una persona para interrogarle sobre estar fuera de casa. El Gobernador de Baja California informó: “las medidas coercitivas que vamos a implementar cada vez van a ser más rígidas conforme se vaya disparando la gráfica de contagios”.
El secretario de Salud del Estado fue partícipe del discurso favorable a restringir el derecho de circulación a los ciudadanos, afirmó que en Baja California se podrían aplicar medidas similares a las que suceden en Alemania, y puso el ejemplo de restringir el número de personas que podían transitar en una calle. No obstante, ambos funcionarios fueron demasiado lejos. Al día siguiente el Gobernador reculó y cambió su versión: en Baja California solo hay Toque de Conciencia.
Al respecto, pese a la rectificación del gobernador, cabría la pregunta ¿existe o no Toque de Queda en Baja California? Oficialmente no existe, pues el Gobernador no tiene la suficiente autoridad legal para declararlo. Sin embargo, existen hechos que no pueden pasar de largo. En todos los municipios los militares acompañan las actividades relacionadas con la entrega de despensas y al menos en Mexicali o Ensenada, ciudades de alta inconformidad obrera, los recorridos militares son asiduos.
Motivos de la militarización de San Quintín
Como se especificó antes, el Valle de San Quintín se encuentra en un limbo jurídico, y alejada por decenas de kilómetros de las principales ciudades de Baja California. La actuación del Ejército Federal, la Guardia Nacional y la policía municipal en el Valle no se distingue de lo hecho por estas instituciones en otros municipios del estado, excepto por que en el Valle de San Quintín la militarización resulta más notoria y se caracteriza por la aplicación de un Toque de Queda inconstitucional.
En San Quintín la producción de mercancías predominante es la relativa a los alimentos y la agro-industria de exportación. En esta rama de la producción, considerada como esencial por el Decreto de Emergencia por fuerza mayor emitido por el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, predominan los abusos de los empresarios, el hacinamiento en los surcos y en el transporte de personal, así como numerosas condiciones de insalubridad y falta de higiene, desfavorables a los jornaleros.
La militarización en San Quintín no es una decisión de salud pública por parte de los Gobiernos, sino una medida económica y coercitiva para prevenir brotes de inconformidad por parte de jornaleros de la región, forzados a exponer su salud para no perjudicar las expectativas económicas y los compromisos productivos del empresario agro-industrial. Los obreros del Valle, como de la ciudad, tendrán que estar alertas en defensa de sus derechos sociales y laborales.
