La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en los pasados días informó que despedir a los trabajadores así como alterar sus condiciones laborales por la contigencia del COVID-19, es ilegal.
«Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo”, informó Luisa María Alcalde Luján, quien encabeza la dependencia.
La realidad es otra para miles de meridanos que hoy yacen varados, despedidos o dados de baja temporalmente a costa de sus vacaciones o sin sueldo. Así es la cotidianidad detrás de la pandemia en nuestra ciudad. Los burgueses, hoy llamados empresarios, deciden desprenderse de la carga que les genera su capital variable, los trabajadores. A pesar de las indicaciones del ejecutivo y de las instancias federales, estos recortes no perdonan ni el giro ni el sector donde laboren las empresas.
Despidos injustificados
Caso particular y poco escuchado en nuestra entidad, es el siguiente: nos encontramos ante el despido injustificado de una trabajadora que laboraba en la empresa Agencia Aduanal Palazuelos Acebal Primatesta, la cual pertenece a uno de los sectores más importante del país, el de importación y exportación; fue despedida en plena contingencia por negarse a realizar horas extras, acusándola de no ser proactiva y de no «ponerse la camiseta», frase que los patrones han inmortalizado para buscar beneficios a costa de la explotación de sus trabajadores.
La compañera Ana Laura Leal Noh, nos comentaba que fue falsamente acusada de no ser competitiva, lo cual le parece una burla, debido a que en sus dos años laborando en la empresa, jamás recibió reclamo alguno por parte de sus superiores. Cabe señalar que estos pretendían modificar su horario laboral sin previo aviso, para que las horas extras (pagadas por una empresa cliente) pasaran a ser parte del beneficio propio de la Agencia Aduanal. Estas y otras irregularidades sobre el verdadero motivo de su despido nos hacen preguntarnos: ¿Dónde quedan los derechos de los trabajadores?
El caso de Ana Laura, no es aislado del resto de sucesos que ocurren en plena crisis. En la ciudad, el ente encargado de velar por los derechos de los trabajadores, es la Procuradoria Federal de la Defensa del Trabajador (PROFEDET), la cual yace cerrada, dejando vulnerable a un cuantioso número de trabajadores que esta quincena no cobrarán su salario. Cabe recalcar que la única herramienta legal que tienen todos estos trabajadores es una línea de asesoramiento gratuito por parte de la dependencia, misma que se encuentra saturada por el exceso de casos.
Exigimos que se resuelvan todos los casos existentes en la ciudad, que la contingencia no sea motivo de la pérdida de nuestros derechos. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los trabajadores a organizarse y formar sindicatos clasistas con los cuales puedan exigir el respeto a sus derechos que la Ley Federal del Trabajo ampara. ¡Que sea la burguesía quien pague los costos de esta crisis, no los trabajadores!
